Estalla la polémica por la nueva Ley de Seguridad Digital: el Gobierno la aprueba entre protestas y acusaciones de autoritarismo

La aprobación por vía urgente de la nueva Ley de Seguridad Digital ha desatado una intensa polémica política y social en España. El Gobierno, encabezado por la presidenta Marta Calvo del Partido Progresista Unido, logró sacar adelante la normativa con una ajustada mayoría en el Congreso, pese a las fuertes críticas de la oposición y de numerosos colectivos ciudadanos.

La ley, presentada como un instrumento para reforzar la ciberseguridad nacional y combatir la desinformación, permite al Ejecutivo monitorizar comunicaciones electrónicas en situaciones consideradas de “riesgo para la estabilidad institucional”. Aunque desde el Gobierno se asegura que estas intervenciones estarán sujetas a control judicial, los sectores críticos denuncian una falta de garantías claras y advierten sobre el uso vago y potencialmente abusivo de términos como “riesgo” o “información sensible”.

El líder de la oposición, Ignacio Domènech, de Alianza Conservadora, ha calificado la medida como un “atropello democrático” y acusa al Gobierno de utilizar el miedo como excusa para implementar “un modelo de control sin precedentes”. Diversas organizaciones como Amnistía Internacional y la Plataforma por los Derechos Digitales también han alzado la voz, anunciando recursos ante el Tribunal Constitucional y convocando protestas masivas en todo el país. La primera gran manifestación tuvo lugar anoche frente al Congreso de los Diputados, donde miles de personas se concentraron bajo el lema “No en mi nombre”. Aunque la protesta transcurrió mayoritariamente de forma pacífica, se registraron algunos enfrentamientos con la policía, que se saldaron con 12 personas detenidas y varios heridos leves.

Desde el Ejecutivo insisten en que la ley es “necesaria y proporcional” frente a las amenazas digitales crecientes, pero la presión ciudadana, la judicialización del asunto y las advertencias de juristas sobre posibles conflictos con normativas europeas auguran un largo y tenso recorrido político e institucional.