Gaza: entre bombas, gobiernos y pueblos por qué la solución exige deslegitimar la violencia en ambos bandos

La frágil y trágica realidad de Gaza ya no es sólo una serie de titulares: es una catástrofe humanitaria con miles de muertos, hospitales al borde del colapso y corredores de ayuda cerrados. En las últimas semanas la ofensiva israelí ha causado numerosas víctimas y agravado una crisis alimentaria y sanitaria en el norte de la Franja; el cierre de rutas de suministro ha reducido drásticamente las entregas de ayuda.

Ante este escenario cabe mantener una mirada doblemente exigente: por un lado, juzgar las decisiones y responsabilidades de los gobiernos; por otro, reconocer la distinción entre esos gobiernos y las poblaciones civiles que sufren las consecuencias directas. Confundir pueblos con gobiernos facilita la lógica de la venganza y legitima narrativas que acaban justificando más violencia. Decirlo claro no es neutralidad: es un requisito moral y práctico si lo que se pretende es recuperar algún espacio para la política y la negociación.

Las acciones de Israel: responsabilidad estatal y cuestionamientos legales y morales

El Estado de Israel actúa bajo lo que declara una lógica de seguridad destruir capacidades de Hamas, rescatar rehenes pero esas operaciones se producen en una realidad urbana densamente poblada. Informes y análisis indican niveles muy altos de mortalidad civil y el colapso de servicios básicos; las instituciones internacionales han alertado repetidamente sobre el riesgo de hambruna y el daño a la infraestructura humanitaria. Estas constataciones obligan a examinar con rigor la proporcionalidad, la distinción y las medidas de mitigación que exige el derecho internacional humanitario.

Criticar a un gobierno por decisiones militares no equivale a negar el derecho de sus ciudadanos a vivir seguros. Israel, como cualquier Estado, tiene el deber de proteger a su población frente a ataques; pero ese deber no exime de la obligación también legal de minimizar daños a civiles y garantizar el acceso efectivo de la ayuda humanitaria.

Las acciones del gobierno palestino en Gaza: el problema del poder y de las tácticas

El gobierno de facto en Gaza y las estructuras armadas que operan allí han cometido actos que precipitaron esta guerra y han sido responsables de ataques contra civiles israelíes. Además, prácticas militares y el uso del espacio urbano por grupos armados complican la protección de civiles y crean obligaciones distintas para todas las partes. No admitir esto sería ignorar la realidad que, en buena medida, explica la dinámica del conflicto.

Sin embargo, responsabilizar a las autoridades y a las milicias no debe traducirse en culpabilizar colectivamente a la población palestina. Millones de personas en Gaza son civiles atrapados en una espiral de violencia, desplazamiento y privación.

Tratar a 'los pueblos' como actores unitarios y, peor aún, como cómplices colectivos es la antesala de la deshumanización y de políticas que legitiman castigos colectivos. A la vez, no separar con claridad los actos de un gobierno o una organización armada de su sociedad socava la posibilidad de construir sumas sociales que presionen por alternativas políticas.

La distinción es estratégica: se trata de abrir grietas en la legitimidad de las decisiones violentas sin convertir a sociedades enteras en objetivos morales o militares. Solo desde esa grieta pueden nacer corrientes sociales que pidan detener la escalada y negociar.

Movilizar a los pueblos pero no para la violencia, sino para la deslegitimación no violenta

Si el objetivo real es forzar una mesa de negociación con garantías mínimas, la palanca más potente hoy no es militar ni únicamente diplomática: es social. Millones de personas en ambos lados sufren, pero también pueden, en distintos grados, ejercer presión sobre sus gobernantes cuando se organizan, protestan, boicotean políticas, denuncian, construyen narrativas alternativas y solicitan mediaciones internacionales creíbles.

Esa movilización debe subrayarse como no violenta y orientada a la deslegitimación política de decisiones que perpetúan la guerra: manifestaciones masivas, huelgas civiles, boicots selectivos a políticas o productos vinculados a decisiones específicas, campañas de desobediencia civil de carácter ético y apelaciones a tribunales e instituciones internacionales. Estas tácticas, usadas con prudencia y respeto por los derechos humanos, son las que han forzado cambios reales en otros conflictos modernos.

Importante: pedir a los pueblos que se movilicen no es pedir que asuman las culpas de sus gobiernos ni que se conviertan en actores de represalia. Es pedirles que, colectivamente y desde la no violencia, retiren el consentimiento social que permite la continuidad de políticas militares indiscriminadas.

Romper el círculo de victimización y demonización

No se trata de movilizarse solamente contra una de las partes, que a la sazón es la más fuerte. La objetividad exige reconocer que la victimización de un lado y la demonización del otro, soslayando los hechos pasados por ambos y poniendo en la balanza cuentas sesgadas, sólo conduce al enroque de posiciones y a la negativa a escuchar. Mientras el relato siga construyéndose en términos de culpa absoluta frente a inocencia absoluta, ninguna negociación será viable.

La presión social debe actuar como correctivo de esa narrativa: mostrar que tanto israelíes como palestinos sufren, que ambos han visto a sus comunidades golpeadas por la violencia y que, si los pueblos no exigen a sus dirigentes una salida política, la dinámica bélica seguirá perpetuándose.

Solo cuando israelíes y palestinos, desde sus sociedades civiles, retiren la legitimidad a la violencia de sus respectivos gobiernos y estructuras armadas, podrá abrirse espacio a un proceso de negociación real. Deslegitimación social + presión internacional + mediación imparcial es la única fórmula, lenta pero posible, para transformar la tragedia en oportunidad de paz.