MENA y contrato social: sostenibilidad del Estado de bienestar en un contexto de tensiones identitarias

El aumento sostenido de la llegada de menores extranjeros no acompañados (MENA) a diversos países europeos ha dejado de ser un fenómeno estrictamente vinculado a políticas migratorias y humanitarias para convertirse en un eje estructurante de los debates contemporáneos sobre identidad nacional, redistribución de recursos y legitimidad política. En España, Francia, Alemania y Suecia, este fenómeno ha adquirido visibilidad pública y carga política en un momento de fragilidad de los consensos democráticos y presión sobre los sistemas de bienestar. La cuestión no es únicamente operativa cuántos menores llegan o cómo se gestionan, sino profundamente estructural: qué tipo de contrato social permite sostener políticas de protección universal en sociedades crecientemente diversas y polarizadas.

Los Estados de bienestar europeos se construyeron sobre la base de un pacto implícito de solidaridad, en el cual los miembros de una comunidad política acuerdan contribuir fiscalmente a un sistema que redistribuye recursos y garantiza derechos sociales básicos. La legitimidad de ese sistema depende tanto de su sostenibilidad económica como de su aceptación social. La llegada de MENA interpela este equilibrio, pues la protección de la infancia no acompañada no es una opción política, sino una obligación legal y moral derivada de compromisos internacionales y marcos constitucionales. Sin embargo, el impacto sobre la percepción pública es considerable: una parte significativa de la población interpreta la atención prioritaria a menores migrantes como un desajuste en la distribución de recursos, especialmente en contextos de precariedad social interna. El desafío central no es técnico, sino de legitimidad. Cuando los ciudadanos perciben que el sistema deja de proteger de forma justa, la confianza en el contrato social se deteriora, incluso aunque los datos objetivos indiquen lo contrario.

Existe una tensión estructural entre el carácter universal de los derechos fundamentales y la percepción ciudadana de que la solidaridad debe estar vinculada a la pertenencia comunitaria. La gestión de MENA expone este dilema con claridad: por un lado, el Estado debe garantizar derechos básicos sin discriminación; por otro, debe sostener la confianza de su población para mantener el consenso fiscal y político que hace posible la redistribución. La experiencia reciente muestra que, en ausencia de narrativas públicas claras y de una comunicación institucional eficaz, se amplifica la sensación de competencia por recursos limitados vivienda, salud, educación, ayudas sociales. Este fenómeno es capitalizado por formaciones políticas populistas que no discuten abiertamente los derechos, pero instrumentalizan la percepción de agravio para erosionar el consenso social.

La sobreexposición mediática de incidentes aislados, unida a la falta de contextualización, ha contribuido a consolidar marcos discursivos que presentan la presencia de MENA como un riesgo más que como un desafío de gestión pública. Esta narrativa no refleja la realidad estadística, pero influye de manera directa en la legitimidad política del Estado de bienestar. El fenómeno no puede entenderse solo como una cuestión migratoria: es un campo de disputa narrativa que revela tensiones más amplias entre apertura y repliegue identitario, solidaridad y exclusión, universalismo y comunitarismo.

La respuesta política eficaz no pasa por negar las tensiones ni por asumir soluciones simplistas. Lo que está en juego es la capacidad de actualizar el contrato social europeo para preservar su legitimidad en un contexto de diversidad estructural. Algunas líneas de actuación prioritarias incluyen la transparencia institucional y la pedagogía pública, comunicando de forma clara y verificable la magnitud real del fenómeno, los recursos destinados y sus resultados para reducir el margen de desinformación y fortalecer la confianza; la inversión temprana en integración, ya que la evidencia comparada muestra que la integración efectiva a través de la educación, el acompañamiento lingüístico y la mediación comunitaria reduce significativamente los costes futuros en términos sociales y fiscales; el establecimiento de mecanismos de corresponsabilidad europea, dado que la gestión de MENA no puede recaer de forma desproporcionada sobre unos pocos Estados miembros, siendo la solidaridad efectiva a escala europea una condición para preservar la estabilidad política interna; y el fortalecimiento de vínculos comunitarios mediante políticas que faciliten la interacción entre población local y jóvenes migrantes, reduciendo la distancia simbólica entre “ellos” y “nosotros” y mitigando tensiones identitarias.

La gestión del fenómeno MENA no es un asunto aislado de política migratoria, sino un indicador sensible de la resiliencia del Estado de bienestar en sociedades democráticas. Un sistema percibido como justo y eficiente refuerza la legitimidad de las instituciones, mientras que uno percibido como arbitrario o desequilibrado alimenta la fragmentación política y la polarización. En este sentido, el debate en torno a MENA funciona como un espejo que revela no solo la magnitud del reto migratorio, sino también la solidez o fragilidad del consenso social en torno a la redistribución y la pertenencia.

El contrato social europeo fue diseñado en un contexto histórico de relativa homogeneidad social y estabilidad económica. El presente exige un pacto más flexible y deliberado, capaz de integrar diversidad sin erosionar cohesión. La protección de menores extranjeros no acompañados debe ser abordada como una cuestión estructural de gobernanza democrática y no únicamente como un problema operativo. La clave no reside en contraponer derechos y seguridad, sino en articular políticas y narrativas que fortalezcan la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para gestionar la complejidad con justicia y eficacia. La forma en que Europa afronte este desafío será determinante para la sostenibilidad política del Estado de bienestar y para la renovación de un contrato social que, lejos de desaparecer, debe evolucionar.