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Ada Colau: transformar la sociedad después de haber gobernado

hace 2 horas
8 min de lectura

La exalcaldesa de Barcelona vuelve a la política electoral después de haber anunciado que no lo haría. La vivienda sigue siendo su principal causa, pero ahora debe defender también sus pactos, sus decisiones y los límites de una experiencia de gobierno que cambió su manera de entender la política.

Ada Colau había dicho que no volvería a presentarse. No lo dejó caer en una conversación informal ni utilizó una fórmula calculadamente ambigua. En una entrevista publicada en noviembre de 2025 descartó concurrir a nuevas elecciones. Un año después está frente a Jordi Wild como candidata de Frente Amplio.

La contradicción aparece pronto y Colau no intenta negarla. Explica que entonces hablaba sinceramente. Había recuperado tiempo para sus hijos, cierta intimidad y una vida menos condicionada por la exposición pública. Después llegaron nuevas movilizaciones por la vivienda, la convocatoria electoral y la sensación de que podía volver a ser útil.

Su explicación tiene sentido dentro de su biografía. Colau llegó a la política institucional desde la lucha contra los desahucios y sigue considerando la vivienda una causa que justifica implicarse personalmente. Lo que cambia es la posición desde la que habla.

En 2015 podía presentarse como una activista que quería demostrar que las instituciones podían funcionar de otra manera. En 2026 ya no es una recién llegada. Fue alcaldesa de Barcelona durante ocho años. Ha tenido competencias, presupuesto, equipos, conflictos y decisiones difíciles. Y ha descubierto que algunas promesas son bastante más sencillas de formular que de ejecutar.

Wild le pregunta por qué debería confiarse en una dirigente que cambia una decisión tan explícita. Colau reivindica el derecho a rectificar cuando cambian las circunstancias. Tiene razón en que la coherencia no puede convertirse en la obligación de mantener cualquier posición para siempre. Pero una rectificación exige reconocer su alcance. La importancia de la causa que motiva el regreso no hace desaparecer la palabra anterior.

La discusión se vuelve más incómoda cuando aparece Podemos.

Colau había vinculado su candidatura a la unidad de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. La unidad no llegó: Podemos concurre por separado. Ella sostiene que hizo todo lo posible para alcanzar un acuerdo, que estuvo dispuesta a aceptar primarias y que no podía obligar a otra organización a participar.

Es su versión de unas negociaciones que necesitarían contrastarse con la documentación y los relatos de las demás partes. El resultado, en cualquier caso, es claro. La condición que había anunciado no se cumplió y decidió continuar.

Colau argumenta que retirarse habría significado abandonar a las organizaciones que sí habían alcanzado un acuerdo. Es un razonamiento político comprensible. También representa un cambio respecto a la posición inicial.

La exalcaldesa se encuentra así en una situación que conoce bien cualquier dirigente con experiencia institucional: dos compromisos pueden entrar en conflicto y no siempre existe una salida que permita conservarlos intactos. La cuestión no es fingir que el conflicto no ocurrió, sino explicar por qué se eligió una opción y no otra.

Para los votantes de izquierda, después de años de disputas entre organizaciones próximas, esa explicación quizá llegue tarde. La unidad ha sido tantas veces una promesa que corre el riesgo de convertirse en una palabra agotada.

La relación con el PSOE muestra otra consecuencia de su aprendizaje político. Colau defiende que la izquierda transformadora debe influir desde dentro de las instituciones, aunque eso implique negociar con partidos a los que critica. Sostiene que permanecer en un Gobierno puede permitir aprobar medidas sociales que serían imposibles desde fuera.

Wild le pregunta si habría abandonado una coalición ante los casos de corrupción que afectan a antiguos dirigentes socialistas. Colau comienza hablando de tolerancia cero, pero después introduce matices. Distingue entre conductas individuales y una corrupción que comprometa a la organización. Recuerda también que romper un Ejecutivo puede paralizar políticas útiles.

El razonamiento no es incoherente. Gobernar exige considerar consecuencias. Pero la respuesta deja una duda importante: qué hechos concretos la llevarían a considerar imposible la continuidad de una coalición.

Una línea roja tiene valor cuando puede identificarse antes de que llegue el conflicto. Si su aplicación depende por completo de una valoración posterior, termina pareciéndose demasiado a cualquier otra decisión negociable.

La experiencia municipal ayuda a entender su prudencia. Colau sabe que una ruptura política no afecta únicamente a los dirigentes. Puede bloquear presupuestos, reformas y servicios. Ese conocimiento es valioso. También la obliga a explicar con mayor precisión los límites de sus compromisos.

Cuando la conversación llega a Barcelona, la exalcaldesa reivindica su gestión y recuerda los obstáculos que encontró. La ciudad estaba sometida a fuertes presiones inmobiliarias y turísticas, mientras muchas competencias esenciales dependían de otras administraciones.

Es un argumento atendible. Un ayuntamiento no controla por sí solo los tipos de interés, la legislación estatal de alquileres ni las decisiones de grandes inversores. Pero tampoco carece de capacidad para actuar sobre el urbanismo, el parque público, las licencias o determinados servicios.

Por eso una evaluación seria de sus ocho años de alcaldía debe evitar tanto atribuirle todos los problemas de Barcelona como dar por buenos sus resultados únicamente porque sus objetivos fueran socialmente ambiciosos.

Colau reconoce errores. Menciona la aceptación de la Copa América de vela, cuyo balance considera decepcionante, y problemas de implantación de políticas municipales como la recogida de residuos. Son ejemplos que permiten escucharla hablar de decisiones concretas y no solo de principios.

Sin embargo, la autocrítica queda a veces a medio camino. Reconocer que una actuación no salió bien es el comienzo de una evaluación, no su final. También interesa saber qué información se manejaba, qué advertencias existían y qué habría hecho de otra manera.

En vivienda recupera una seguridad distinta. Conoce el problema desde los movimientos sociales, desde el Ayuntamiento y desde el debate legislativo. Su diagnóstico es claro: el mercado, por sí solo, no está garantizando el acceso a un hogar para una parte importante de la población.

Propone ampliar el parque público y actuar sobre grandes fondos inmobiliarios. Entre sus medidas figura una ley para expropiar con indemnización unas 100.000 viviendas, empezando por propietarios institucionales con grandes carteras. La propuesta fue anunciada públicamente antes de la entrevista y Colau la defiende como una forma de incorporar esos inmuebles al alquiler asequible.

No se trata de una adquisición gratuita. Una expropiación requiere justificación legal y compensación económica. El coste real dependería de los inmuebles afectados, su valoración y los procedimientos aplicables. Tampoco está demostrado que el objetivo pueda alcanzarse en los plazos políticos deseados.

Colau plantea además un gravamen del 10 % del valor de determinadas viviendas para propietarios con varias propiedades cuando las mantengan vacías o, según su propuesta, a precios abusivos. Su intención declarada es incentivar que esos inmuebles se incorporen al alquiler asequible.

La medida necesitaría definir con precisión los supuestos de aplicación, la base imponible, las competencias y las garantías jurídicas. Una propuesta contundente puede tener una lógica política reconocible y seguir necesitando una evaluación rigurosa de sus efectos.

La exalcaldesa distingue entre pequeños propietarios y grandes tenedores. Esa diferencia es relevante. No tiene la misma capacidad financiera una familia que alquila un segundo piso que un fondo con cientos de viviendas. Pero la distinción tampoco elimina la necesidad de prever consecuencias para la oferta de alquiler y la gestión del parque residencial.

Con las ocupaciones introduce otro matiz: no todas las situaciones responden a la misma causa. Defiende actuar frente a las conductas delictivas y ofrecer soluciones sociales a quienes se encuentran en vulnerabilidad. La separación es necesaria. También lo es evitar que la protección de una familia sin recursos dependa indefinidamente de que un propietario particular asuma una responsabilidad pública.

Colau tiene una ventaja frente a quienes descubren ahora la gravedad de la crisis residencial. Lleva años estudiándola y enfrentándose a sus conflictos. Su desafío es demostrar que los instrumentos que propone pueden producir resultados suficientes a escala estatal.

El debate sobre inmigración resulta más tenso. Wild habla de cambios demográficos rápidos, de barrios donde algunos vecinos sienten que la convivencia se ha deteriorado y de preocupaciones sobre delincuencia. Colau rechaza que esas experiencias se utilicen para presentar a la población extranjera como un problema colectivo.

Recuerda la historia migratoria de Cataluña, incluidas las familias llegadas de otras regiones españolas que también sufrieron prejuicios. La comparación sirve para recordar que la diversidad no es una novedad absoluta. No demuestra, por sí sola, que todos los procesos migratorios tengan las mismas características ni que sus dificultades se resuelvan automáticamente.

La discusión necesita más datos de los que ofrece una conversación espontánea. Las detenciones no equivalen a condenas y cualquier comparación sobre criminalidad debe atender al tipo de delito y a la población de referencia. Al mismo tiempo, los problemas locales de convivencia, cuando están documentados, merecen respuestas concretas y no una descalificación automática de quienes los plantean.

Colau defiende un principio necesario: no atribuir comportamientos individuales a todo un colectivo. Wild insiste en que la integración y la seguridad no pueden quedar fuera del debate por miedo a incomodar. Las dos preocupaciones pueden convivir. Lo difícil es construir políticas que respondan a ambas sin caer en generalizaciones.

En los accidentes ferroviarios, Colau relaciona los problemas del sector con la liberalización y la fragmentación de responsabilidades. Es una interpretación política del modelo de gestión que merece examen. Pero no puede convertirse en una explicación demostrada de accidentes concretos sin investigaciones técnicas concluyentes.

Algo parecido ocurre cuando defiende la presión internacional sobre Israel, la movilización por Gaza o la revisión de acuerdos relacionados con bases estadounidenses. Su orientación política es clara. El impacto efectivo de una movilización o las consecuencias diplomáticas de modificar acuerdos militares requieren un análisis que va más allá de la intención declarada.

Uno de los momentos más interesantes llega cuando Wild le pregunta qué ha entendido mejor la derecha. Colau reconoce que ha sabido conectar con el enfado de una parte de la sociedad. No comparte sus soluciones, pero considera que ha identificado un malestar que el optimismo económico del Gobierno no siempre consigue atender.

Es una observación importante. Una persona puede escuchar que la economía crece y seguir sintiendo que su vida se ha vuelto más difícil. El alquiler, la compra semanal y la falta de estabilidad tienen una capacidad de persuasión que ningún dato agregado elimina por sí solo.

Colau quiere que la izquierda recupere ese terreno, especialmente a través de la vivienda. Su diagnóstico conecta con una preocupación real. Lo que está por demostrar es si sus propuestas pueden transformar esa intuición en resultados.

Hacia el final, Wild le pide que imagine qué reprocharía la Colau activista a la Colau que ha gobernado. Ella habla de mantener la exigencia y reconoce que a veces ha utilizado expresiones demasiado contundentes. Es una autocrítica válida, aunque modesta para alguien que ha dirigido una ciudad como Barcelona.

Quizá ahí se encuentre la principal pregunta de su regreso. No si conserva sus ideales; la conversación muestra que sí. Tampoco si ha aprendido a negociar; ocho años de alcaldía bastan para saberlo.

Lo que falta conocer es hasta qué punto está dispuesta a revisar sus propias decisiones con la misma exigencia que aplica a los demás. Colau ya no puede pedir confianza únicamente en nombre de las causas que defiende. Tiene una experiencia institucional que puede reforzar su candidatura, pero también debe poder explicarla sin convertir cada dificultad en una responsabilidad ajena.

La activista que llegó al Ayuntamiento en 2015 podía prometer que intentaría cambiar las reglas. La candidata de 2026 sabe que las reglas ofrecen resistencia, que los pactos tienen un precio y que algunas decisiones terminan pareciéndose poco a las intenciones originales.

Esa experiencia podría ser su mayor fortaleza. Para que lo sea, tiene que ocupar un lugar tan importante en su relato como la indignación que la llevó a la política.


 
 
 

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