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Feijóo ante la prueba de gobernar antes de gobernar

hace 2 horas
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Alberto Núñez Feijóo quiere presentarse como una alternativa de gestión frente al Gobierno de Pedro Sánchez. Su experiencia al frente de la Xunta de Galicia, su trayectoria institucional y su discurso centrado en la estabilidad económica y la moderación política constituyen los principales argumentos con los que intenta proyectar una imagen de solvencia y preparación para asumir la presidencia del Gobierno. Sin embargo, detrás de esa imagen de gestor experimentado aparecen cuestiones que todavía necesitan respuestas concretas: cuáles serían sus verdaderas prioridades, hasta dónde estaría dispuesto a negociar con Vox y cómo conseguiría compatibilizar sus promesas fiscales con el mantenimiento de los servicios públicos y las prestaciones sociales.

Su conversación con Jordi Wild en el programa The Wild Project permitió observar buena parte de esas contradicciones. Durante una entrevista en la que se combinaron cuestiones personales, económicas e institucionales, el presidente del Partido Popular tuvo que explicar cómo sería el Gobierno que pretende construir y qué decisiones estaría dispuesto a adoptar si llegara a La Moncloa. Uno de los momentos más significativos llegó cuando Wild le preguntó qué ministerios estaría dispuesto a ceder a Vox en caso de necesitar un acuerdo para gobernar. Feijóo reconoció que algunas carteras serían innegociables, pero evitó identificar cuáles.

La respuesta no resulta especialmente sorprendente. Los partidos políticos suelen reservar sus posiciones negociadoras antes de iniciar conversaciones formales. Sin embargo, existe una diferencia entre la estrategia de negociación de una formación y la información que necesita conocer el electorado antes de votar. Si un eventual Gobierno depende de un acuerdo con Vox, los ciudadanos tienen interés en saber qué políticas podrían verse condicionadas y cuáles serían los límites que el Partido Popular estaría dispuesto a mantener.

Feijóo no afirmó que aceptaría cualquier exigencia de Vox, pero tampoco concretó qué concesiones descartaría. Sus diferencias con la formación de Santiago Abascal en cuestiones como la integración europea, el modelo autonómico y determinadas políticas sociales son conocidas. La incógnita reside en cómo se trasladarían esas diferencias a un acuerdo de gobierno. La posibilidad de alcanzar pactos parlamentarios no implica necesariamente renunciar a los principios propios, pero obliga a explicar qué aspectos pueden negociarse y cuáles forman parte de las líneas fundamentales de una candidatura.

La propuesta de Feijóo parte de una identidad política reconocible. Defiende una administración más reducida, una economía orientada a mejorar la productividad, una disminución de determinadas cargas fiscales y la continuidad de compromisos sociales como la revalorización de las pensiones. A ello añade una promesa de moderación y de reducción de la confrontación política. El problema no está necesariamente en cada una de estas propuestas por separado, sino en cómo encajan cuando deben convertirse en decisiones presupuestarias y legislativas.

El candidato popular reivindica su experiencia en Galicia como una garantía de capacidad administrativa. Su trayectoria le permite hablar de organización institucional, gestión de recursos y funcionamiento de las administraciones. Sin embargo, gobernar una comunidad autónoma y dirigir el conjunto del Estado son responsabilidades diferentes. La política nacional incorpora competencias, equilibrios parlamentarios, obligaciones internacionales y necesidades presupuestarias de una dimensión considerablemente mayor. La experiencia autonómica puede aportar conocimientos relevantes, pero no elimina la necesidad de presentar un programa detallado para el conjunto del país.

Uno de los elementos centrales de su discurso es la reducción del tamaño del Ejecutivo. Feijóo plantea limitar el Gobierno a catorce o quince ministerios e integrar competencias como Igualdad y Vivienda en otros departamentos. La propuesta encaja con su intención de proyectar una administración más austera y simplificada. Sin embargo, reducir el número de ministerios no implica necesariamente reducir de forma proporcional el gasto público. Las competencias seguirían necesitando personal, presupuesto, estructuras administrativas y mecanismos de coordinación. Una reorganización podría mejorar determinados procedimientos o reducir algunos costes, pero para evaluar su eficacia sería necesario conocer el diseño concreto y los gastos derivados de su aplicación.

El número de ministros constituye un mensaje político sencillo de comunicar. La eficiencia de la administración, en cambio, requiere una explicación más compleja: qué organismos se reorganizarían, qué duplicidades desaparecerían y cómo se garantizaría que los servicios públicos mantuvieran su capacidad de respuesta.

En el terreno económico, Feijóo se muestra especialmente cómodo cuando aborda cuestiones relacionadas con la productividad, el empleo y la sostenibilidad presupuestaria. El líder del PP cuestiona que una parte importante del crecimiento económico español se apoye en el aumento de población y del gasto público. Su preocupación por la productividad responde a un debate económico relevante, ya que la capacidad de producir más valor por trabajador influye directamente en los salarios, la competitividad empresarial y la financiación de los servicios públicos.

No obstante, conviene distinguir entre crecimiento económico y productividad. Una economía puede aumentar su producción mediante la incorporación de más trabajadores y, al mismo tiempo, necesitar mejoras de productividad para elevar la renta por habitante. Ambos fenómenos no son incompatibles, pero tampoco son equivalentes. El desafío consiste en conseguir que el crecimiento de la actividad económica se traduzca en mejores salarios, mayor capacidad empresarial y una mejora sostenida de las condiciones de vida.

Las pensiones representan otro de los grandes desafíos de cualquier futuro Ejecutivo. Feijóo promete mantener su revalorización conforme al índice de precios al consumo y facilitar que quienes quieran prolongar voluntariamente su vida laboral puedan compatibilizar parte de su pensión con ingresos procedentes del trabajo. También rechaza imponer un retraso adicional de la edad de jubilación como solución general.

Se trata de compromisos de gran alcance, especialmente en un país con una población cada vez más envejecida. Sin embargo, mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema son objetivos que necesitan una planificación económica rigurosa. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido de que el cumplimiento formal de las reglas de gasto de las pensiones no garantiza por sí solo la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Esto no significa que el sistema esté necesariamente cerca de una situación de quiebra, sino que su evolución debe analizarse teniendo en cuenta los ingresos, el envejecimiento demográfico y las restantes obligaciones presupuestarias del Estado.

Feijóo confía en que una mayor actividad económica contribuya a mejorar los ingresos públicos y plantea impulsar la construcción de un millón de viviendas, una iniciativa a la que atribuye la creación de aproximadamente 500.000 empleos. Sin embargo, esta cifra constituye una estimación del propio candidato y necesita elementos adicionales para poder evaluarse: financiación, disponibilidad de suelo, plazos de ejecución, capacidad del sector constructor y metodología utilizada para calcular el empleo generado.

La construcción puede convertirse en una herramienta importante para dinamizar la economía y aumentar la oferta residencial. No obstante, anunciar un objetivo de un millón de viviendas no garantiza que estas lleguen a construirse ni que resulten asequibles para los sectores de población que más dificultades tienen para acceder al mercado. La diferencia entre un compromiso político y un resultado económico depende de los recursos disponibles y de la capacidad de ejecución de las administraciones.

Otro asunto que generó debate durante la entrevista fue el absentismo laboral. Feijóo denunció el coste económico de las ausencias en el trabajo y recordó algunas medidas que, según explicó, impulsó durante su etapa al frente de Correos. Jordi Wild introdujo una cuestión importante: cómo distinguir las ausencias injustificadas de las bajas médicas legítimas y qué ocurre con los trabajadores autónomos que continúan trabajando incluso cuando están enfermos porque no pueden permitirse dejar de ingresar dinero.

La distinción resulta fundamental. Una incapacidad temporal reconocida por motivos de salud no constituye un fraude. Para calcular el ahorro potencial de cualquier reforma es necesario separar las ausencias injustificadas de las bajas médicas justificadas. Además, una menor utilización de las bajas entre los autónomos puede responder a sus condiciones económicas y laborales, no necesariamente a una menor incidencia de enfermedades.

Durante este intercambio, Feijóo aceptó una corrección factual, una actitud que resulta positiva en cualquier debate público. Sin embargo, la conversación no permitió determinar cuánto dinero podrían ahorrar las medidas propuestas ni qué parte de esos recursos podría destinarse a financiar las pensiones. La cuestión vuelve a ser la misma: un diagnóstico económico necesita acompañarse de cifras verificables y de una explicación sobre cómo se aplicaría la solución.

El debate sobre los autónomos permitió entrar en propuestas fiscales más concretas. Feijóo planteó que quienes facturen menos de 85.000 euros puedan acogerse a un régimen que les permita no repercutir el IVA, en línea con el marco europeo de franquicia para pequeñas empresas. La iniciativa busca aliviar las obligaciones administrativas y fiscales de determinados profesionales y pequeños negocios.

Sin embargo, es importante precisar su alcance. No repercutir el IVA no significa eliminar todos los impuestos ni las cotizaciones sociales. Además, los regímenes de franquicia tienen particularidades que pueden afectar a la deducción del IVA soportado y a la situación fiscal de cada actividad. Su aplicación requiere reglas claras para evitar que una medida destinada a simplificar las obligaciones de los pequeños empresarios genere nuevas desigualdades o dificultades administrativas.

Wild también planteó la situación de quienes llevan muchos años trabajando por cuenta propia. La cuestión pone sobre la mesa una realidad que a menudo queda fuera del debate político: las bonificaciones destinadas a facilitar el inicio de una actividad no solucionan necesariamente los problemas de quienes llevan años manteniendo un negocio, afrontando gastos fijos y soportando una carga administrativa considerable.

Feijóo ofrece una orientación fiscal favorable a reducir cargas y trámites. El desafío consiste en calcular el impacto de estas medidas sobre la recaudación y hacerlas compatibles con el resto de sus compromisos presupuestarios. La misma exigencia debe aplicarse a cualquier candidato que prometa simultáneamente mejores servicios públicos, mayor protección social y menos impuestos.

En política exterior y migratoria, la entrevista adquirió un tono más contundente cuando se abordó la crisis de Ceuta y la relación con Marruecos. Feijóo criticó la respuesta del Gobierno español y defendió una mayor firmeza ante las autoridades marroquíes. Wild trasladó el debate a un escenario operativo: qué órdenes daría el candidato si miles de personas continuaran entrando por la frontera mientras las fuerzas de seguridad se encuentran desplegadas.

Feijóo insistió en la necesidad de proteger la frontera dentro del marco legal. Se trata de una obligación del Estado, pero no describe por completo las decisiones que deberían adoptarse ante una situación de emergencia. La gestión de una crisis de estas características depende de información operativa, límites jurídicos, coordinación institucional y responsabilidades humanitarias. La firmeza puede orientar una política fronteriza, pero no sustituye la necesidad de establecer procedimientos concretos.

La relación con Marruecos plantea un desafío similar. Una respuesta diplomática más firme puede formar parte de una estrategia legítima, pero debe tener en cuenta la cooperación migratoria, la seguridad, el comercio y los compromisos internacionales. La entrevista permite conocer la posición general de Feijóo, aunque no desarrolla un plan completo que explique cómo se aplicarían esas decisiones sin perjudicar otros intereses estratégicos españoles.

El candidato también habló de revisar determinados requisitos para acceder a prestaciones públicas y de reforzar las obligaciones relacionadas con la integración. En este ámbito, la precisión resulta especialmente importante. No todas las ayudas sociales exigen cotizaciones previas y las estadísticas sobre beneficiarios extranjeros deben distinguir entre nacionalidad, residencia y composición de los hogares. Ningún porcentaje aislado demuestra por sí mismo la existencia de irregularidades en el sistema.

La transparencia y la sostenibilidad de las prestaciones públicas son cuestiones legítimas de debate, pero requieren datos comparables y criterios claros. Las políticas sociales deben evaluarse por su funcionamiento, su impacto y su capacidad para atender a quienes cumplen los requisitos, evitando generalizaciones que puedan distorsionar la realidad.

Uno de los momentos más delicados de la entrevista llegó al abordar la relación de Feijóo con Marcial Dorado, un episodio de su pasado político que continúa teniendo relevancia en su trayectoria pública. El líder del PP explicó que conoció a Dorado cuando lo asociaba al contrabando de tabaco y que dejó de mantener relación con él cuando tuvo conocimiento de actuaciones judiciales de mayor gravedad.

Esta es la explicación ofrecida por el propio Feijóo. Las fotografías que documentan encuentros entre ambos no demuestran por sí mismas la participación del dirigente popular en actividades delictivas, y sería irresponsable insinuarlo sin pruebas. Sin embargo, la cronología de aquella relación, qué información conocía en cada momento y las explicaciones públicas que ha ofrecido son cuestiones legítimas de interés político. La entrevista no aporta documentación suficiente para resolverlas por sí sola.

Feijóo también recordó controversias relacionadas con el entorno socialista. Las comparaciones entre partidos pueden resultar útiles cuando se pretende analizar diferencias de comportamiento o exigir criterios equivalentes de transparencia. Sin embargo, no sustituyen la necesidad de examinar los hechos correspondientes a la propia trayectoria política.

Al abordar el caso Gürtel, el presidente del PP reconoció la gravedad de la corrupción y admitió que su partido debería haber reaccionado antes ante determinadas conductas. Es una posición relevante, aunque también implica aplicar el mismo criterio cuando se examinan investigaciones que afectan al PSOE o a cualquier otra organización política.

La responsabilidad penal corresponde a quienes hayan cometido delitos y debe determinarse judicialmente. La responsabilidad política incorpora otras preguntas relacionadas con los mecanismos de supervisión, los nombramientos y la reacción institucional. Una sospecha no equivale a una condena, pero la ausencia de responsabilidad penal tampoco resuelve automáticamente cualquier posible responsabilidad organizativa.

La relación de Feijóo con Isabel Díaz Ayuso introdujo otro aspecto importante de su liderazgo. El presidente del PP defendió a la dirigente madrileña como un activo electoral y consideró compatibles sus diferencias de estilo político. Cuando Jordi Wild recordó la crisis interna que terminó con la salida de Pablo Casado de la presidencia del partido, Feijóo evitó alimentar el debate sobre las rivalidades internas.

Posteriormente, apareció una operación inmobiliaria de aproximadamente 6,7 millones de euros vinculada a dependencias institucionales madrileñas. Feijóo reconoció que no conocía todos los detalles y pidió examinar los informes antes de valorar el gasto. La cautela resulta razonable, ya que el precio de una operación, considerado de forma aislada, no demuestra necesariamente la existencia de una irregularidad.

Sin embargo, el episodio permite plantear una cuestión de coherencia política. Si la austeridad constituye uno de los principios fundamentales del discurso del Partido Popular, los gastos de las administraciones que gobierna también deben someterse a los mismos criterios de necesidad, utilidad y transparencia que los del Ejecutivo central.

La entrevista deja una imagen bastante definida de Alberto Núñez Feijóo. Es un dirigente con experiencia administrativa, conocedor del funcionamiento institucional y con propuestas que van más allá de la crítica al Gobierno de Sánchez. Su trayectoria merece ser considerada como parte de su preparación para asumir responsabilidades nacionales. Sin embargo, la experiencia pasada no puede sustituir la explicación de las decisiones futuras.

Gobernar España no consistiría simplemente en trasladar a escala nacional el modelo aplicado en Galicia. Cambiarían las competencias, los equilibrios parlamentarios, las obligaciones internacionales y la dimensión de los desafíos económicos y sociales. Y, sobre todo, podría necesitar un acuerdo con Vox cuyos límites todavía no ha querido precisar públicamente.

La política desde la oposición permite presentar propuestas y prometer un futuro que todavía no ha sido sometido a la prueba de la ejecución. Feijóo ofrece su trayectoria como garantía de que sabría gestionar ese escenario. Es una credencial que forma parte de su candidatura, pero no constituye un cheque en blanco.

Al final, la pregunta sobre los ministerios que estaría dispuesto a ceder a Vox sigue teniendo una importancia considerable. No porque un Gobierno se reduzca al reparto de carteras, sino porque permite observar hasta qué punto un candidato está dispuesto a defender sus principios cuando estos entran en conflicto con la necesidad de alcanzar acuerdos para llegar al poder.

La verdadera prueba de Feijóo no será únicamente demostrar que puede construir una alternativa al Gobierno actual, sino explicar cómo la llevaría a la práctica, con qué apoyos parlamentarios y bajo qué condiciones. Porque gobernar no consiste solamente en presentar un programa convincente: implica asumir las consecuencias de cada decisión, gestionar las contradicciones y responder ante los ciudadanos cuando las promesas se enfrentan a la realidad.


 
 
 

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